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N O T I C I A S

PROYECTO LEY INCLUSION FINANCIERA

Documento REDCON a Comisión Hacienda de Diputados

Proyecto Ley Inclusión Financiera

 

Proyecto Ley Inclusión Financiera.

(dic 2013)

Documento entregado al Presidente de Comisión de Hacienda Gustavo Bernini a efectos de distribuir formalmente  a todos los diputados participantes de dicha Comisión.

 

PLANTEO DE SITUACIÓN. 

Relación Inclusión Financiera-Defensa Consumidor

            Entendemos por Inclusión y más aún que FINANCIERA, el dar participación, educación y explicación del  funcionamiento del sistema propuesto, en primera instancia a TODA la población y organizaciones en la construcción de una norma de este porte, esto debería ejecutarse previamente y durante la redacción preliminar, análisis y elaboración. En este sentido no tenemos conocimiento de organización alguna que por parte de los consumidores hayan sido participada durante el proceso de elaboración del proyecto, esto es válido legalmente, pero es un síntoma claro, que conviene analizar.

            La participación que realizamos en esta instancia ya parlamentaria, demuestra un déficit cualitativo importante en el País, sigue faltando en la planificación y diseño, un actor fundamental de la realidad.  Creemos que se trata de balancear adecuadamente las fuerzas en el mercado.  Uruguay no puede enorgullecerse y exponer que elabora este tipo de decisiones con la participación de todas las fuerzas corporativas y sociales en la misma mesa. (Cabe mencionar este fue un orgulloso argumento de avance político-social citado reiteradamente antes  y durante el diseño de Ley de Medios).

            Sabemos también que muchas de las propuestas que hacemos, el tipo de análisis y consideraciones conceptuales resultarán a esta altura del proceso, difíciles de ajustar, sin embargo ello  es consecuencia inevitable de NO haber participado durante el proceso de elaboración.

            Estamos estudiando aún la afectación de este modelo hacia otros actores como las cooperativas que en Uruguay tienen una larga tradición de construcción de la participación ciudadana y otro sentido solidario y responsable del vínculo con el consumidor que debe ser estudiado como afecta el presente proyecto.  No tenemos claro si previamente a este proyecto se ha estudiado la posibilidad de POTENCIAR el CONTROL a la forma y desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito, posiblemente imponer ciertas condiciones mas estrictas permitan que el formato cooperativo se utilice mas estrictamente hermanado a los estatutos de base social que motivan su existencia.

            Las Organizaciones de Consumidores, en el mundo, compartimos luchas y conceptos. A título de ejemplo, para dimensionar nuestra postura de cambio en las relaciones, citamos algunos escasos ejemplos:

-         ;  Consideramos debe sustituirse la utilización de instrumentos como el Conforme siempre que pueda vincularse un documento a la transacción que le da origen.

-         ;  Sostenemos que no es razonable y más aún en épocas de crisis del manejo de la información, un contenido como el del  Buró de créditos en manos  PRIVADAS.

-         ;  Creemos equilibrante que los antecedentes de comportamiento de las Empresas/Financieras sean también accesibles para minimizar riesgo del consumidor de servicios.

-         ;  Asignamos igual responsabilidad al que otorga un crédito como al que lo recibe.

-         ;  Pretendemos que las personas/familias dispongan de  instrumentos al igual que las empresas para salir de situaciones de endeudamiento no deseado (Quiebra familiar, proyecto Ley de Insolvencia Familiar).

            Por tanto seguramente nuestra visión exige analizar y redimensionar actores propios del sistema, y sus funciones, rehacer muchas reglas de funcionamiento.  Nuestro criterio de inclusión abarca muchísimos más aspectos que implican profundos cambios en la matriz del sistema financiero, algunos de ellos, referidos en este proyecto,  nos obliga a manifestarnos. Son solo algunos de los principales aspectos que podemos elevar hasta el momento.

            Estamos de acuerdo en que la inclusión financiera es un hecho que avanza en los países vecinos, al respecto nos preguntamos si ¿Acaso es una directiva/recomendación de organismos o entidades internacionales?.

            Comprobamos sin embargo, que en todos los países las Organizaciones de Consumidores fueron solidificadas previamente por el sistema, hecho necesario indudablemente, pues mas allá de los conflictos de intereses corporativos e implementación en si del sistema, son las Organizaciones de Defensa al Consumidor quienes activas, profesionales, sustentadas adecuadamente, trabajan en favor del ciudadano financiero en el ajuste de la inclusión financiera. Son el resorte de balance y control ciudadano directo, el único que representa directa y diariamente a los ciudadanos en su interacción con todo el resto del sistema, quien educa en confianza y defiende únicamente sus intereses.

             Uruguay esta  absolutamente rezagado respecto a todos los países de América Latina, su legislación respecto a relaciones de consumo es anacrónica y sin la especialización que todo el resto del mundo expone en su legislación,  el incentivo y apoyo a las Organizaciones de Consumidores es nulo, y esta es una condición previa a la inclusión financiera que ocurre en todos los países. 

            La redefinición de la Protección a los Consumidores merece todo un capítulo de análisis, debate y avance que sostenemos DEBE ser ejecutado a la brevedad y aprovechando la coyuntura de cambios planteada,  debe ser introducida esta intencionalidad ya en varios aspectos de la norma proyectada, debe abrir el camino a un compromiso superior.

            Es necesario para iniciar un debate sincero y razonable distinguir entre "Defensa" y "Protección" al Consumidor. 

            Defender al consumidor es "..Actuar aplicando las normas de defensa vigentes a todo nivel, administrativo y judicial", esta tarea es propia de la oficina del Estado "Área Defensa del Consumidor del MEF" (ADECO) e independientemente los juzgados pertinentes.

            Proteger al consumidor es participar en instancias como la presente, procurando que las normas que son  el instrumento de la defensa sean elaboradas con las consideraciones adecuadas y el equilibrio de fuerzas que permitan a los "consumidores" desarrollar sus derechos.

            Nuestra organización ha nacido con el fin de Proteger al consumidor, por tanto participar en estas instancias, educar, crear norma y conciencia ciudadana del valor intrínseco en el sistema. Simultáneamente procurar se potencie al Área de Defensa al Consumidor del MEF para que ejecute la defensa con las herramientas adecuadas y necesariamente en coordinación con las Sociedad Civil organizada.

            Decimos que las condiciones de Defensa al Consumidor están directamente relacionadas con esta norma dado no se trata solamente de modificar formas de pago actualizándolas a mecanismos electrónicos, implica condiciones de incentivo del consumo, facilitando y ampliando a nuevos sectores de la población el acceso  bienes y servicios.  Se expone la Inclusión como el acceso a crédito a menores tasas, se facilita la garantía con descuento de nómina, se incluyen nuevos ciudadanos al sistema de Compras, no es solo cambiar papel moneda por tarjetas electrónicas.

            Incentiva pero no modifica las condiciones de contratación de servicios financieros,  no incluye cambios relacionados a estas condiciones como el Contrato de Adhesión(que no permite modificación u opcionales) o el Vale en blanco(instrumento que no relaciona deuda con origen),  debe relacionarse y debatirse lo Abusivo(para equilibrar dominancia), referir a tasas de Usura(que son un debate actual donde se procesa la inclusión financiera), e  introducir otros temas de condiciones del consumo que apenas detallaremos a continuación por creerlos prioritarios.

            Reiteramos que merece un trabajo arduo, largo y a debatir indefectiblemente, se requiere un compromiso para posicionar al País en un lugar que merece de legalidad respecto a derechos de consumidores. Esto sucede en todos los países PREVIAMENTE a la inclusión financiera.

            .  Incluir es más que cambiar el medio de pago, es dar garantías de protección de datos, ampliar derechos sobre los datos y cruzamientos que manejan privados aún más que el propio Estado, es potenciar a la oficina del Estado encargada de Defender al Consumidor para evitar abusos de quienes ostentan posiciones dominantes, es habilitar a las Organizaciones de Consumidores para profesionalizar su tarea de control ciudadano, es especificar directamente fuertes sanciones a incumplimientos,  es debatir incluso el derecho a que ciertas empresas queden incluidas como consumidores especiales frente a sus proveedores lo cual cambia la ecuación de base, es muchísimo más, y todo relacionado con adquirir, comprar, la ley no solo mejora una forma de pago, da acceso al consumo y por tanto el ser en si mismo del instrumento electrónico es procurar el consumo.  Mantener intactas las normas que rigen las relaciones de consumo es dejar a la gente vulnerable, sometida a las mismas condiciones de actores en posiciones dominantes.

            No podemos dejar de reiterar una y otra vez que la capacidad de desarrollo profesional que requerimos las organizaciones de consumidores, es para la sociedad toda una necesidad imprescindible, ineludible.

            La ecuación base de equilibrio oscilatorio del sistema es simplemente PRODUCCIÓN=CONSUMO,  nadie consume lo que no se produce ni se produce lo que no se consume, sin embargo históricamente escuchamos sobre el incentivo y beneficios otorgados a las empresas privadas e industria, que alcanza ahora los mil quinientos  millones de dólares anuales( U$S 1.500.000.000) y continúan aún con ello desconformes solicitando mas beneficios y medidas a su favor, no podemos admitir que el Estado no implemente, atienda y otorgue al  otro extremo de la ecuación el mínimo sustento para la Organización Profesional de Consumidores, con la centésima parte de ello( 1%) se desarrollaría un Staff profesional de Organizaciones capaces de participar activamente en el desarrollo de políticas sociales, normas, potenciando el derecho ciudadano a posicionarse y expresarse en cada mesa de trabajo, en cada decisión, en cada proyecto, por allí comienza la reasignación  equitativa de recursos.

            Desde nuestro punto de vista como joven Asociación Civil y en la función de "Proteger al consumidor" deseamos realizar las siguientes puntualizaciones.

SINTESIS:

  1.  Uso y Administración de información de antecedentes personales.
    1. La información es manejada y administrada por privados, creemos que es objetable y debe ser el Estado quien asegure el resguardo de esta información y el verdadero custodio pues se trata de un tema de soberanía nacional.
    2. Sugerimos integrar el derecho de las personas a conocer quien consulta su información a efectos de permitir el control individual de sus propios datos.
    3. Proponemos la comunicación por mecanismos modernos digitales (Consulta Web, Email) de información personal cada vez que esta sufra una modificación.
  2. Precios Contado y Crédito opcionalmente diferente con pago electrónico.
    Proponemos integrar al Art.61 un párrafo que refiera a otorgar libertad a los comercios (libertad de acción) respecto a fijar un precio Contado diferente al precio a Crédito. Es el comercio y no la financiera quien debe decidir la oferta a costo propio. El mercado sin financieras de por medio establece naturalmente un precio diferente lo cual es natural. Las financieras y Bancos deberían modificar sus aranceles en función de las ofertas que desean hacer, no obligar a que el costo financiero se transfiera a los precios al consumidor. No se especifica en ninguna parte que la rebaja de aranceles que se ha producido se mantenga en el tiempo, no es estable tope alguno.
  3. Información para reducir el nivel de riesgo del consumidor de créditos. Equilibrar la relación riesgo/información.
    La responsabilidad del que otorga un crédito debe ser un nuevo parámetro de medición de la calidad del servicio. Proponemos crear un sistema de ranking de empresas que permita al consumidor evaluar que empresa elegir a la hora de solicitar un crédito. Basamos este índice inicialmente en el nivel de ejecución de Garantías, embargos y procedimientos legales de cobro que han debido llevar adelante las entidades para el cobro de sus deudores. Puede ser el Área de Defensa del consumidor la institución a cargo de recibir la información y publicarla.

  4. Control de precio similar con efectivo/Tarjeta débito.
    Estimamos el control del Art.61 no debe hacerlo en Área de Defensa al Consumidor del MEF como se indica en Art.63, ya que refiere más a un control de posible evasión fiscal que a la relación de consumo en si misma. ADECO debe priorizar otras tareas, para controlar la implementación del pago electrónico puede asignarse a otra oficina pública especializada en evasión fiscal como la misma DGI.

  5. Cruzamiento de Datos. Control de la informalidad. Consecuencias de elimiar el Art.77 de redacción previa.
    La información que poseerá el circuito privado es cualitativamente superior y con mayor potencial que la que poseería el Estado, esto es solucionable. Proponemos implementar formas de control incremental a la informalidad introduciendo el concepto  técnico de ANONIMIZACIÓN asociado a DATO ABIERO. Se hace necesario considerar políticas de equilibrio de información a todos los actores del sistema (Empresas, Sociedad Civil, Estado) y crear condiciones que permitan la educación financiera para entre otros fines intentar evitar el incentivo al consumismo.
  6. TRAZABILIDAD: Control de la informalidad. Propuesta de Ticket autorización.
    Se requiere al menos un dominio equipotencial de información entre el circuito privado y el  Estado, redefinir el alcance de documentos de uso como Vales y Cheques por medio de un Ticket-Situación que se propone como medio para Autorizar el otorgamiento de un crédito desde una base de datos centralizada.

    Por otro lado, documentos como conformes/cheques actúan tanto como el efectivo en cuanto instrumento de pago, por ello debe atenderse su alcance desvinculado de registro de transacciones para evitar evasión e informalidad.
    ¿Cómo se conseguiría esta trazabilidad en la ley proyectada?

  7. DOMINIO DE LA INFORMACION.
    La sociedad civil y el Estado deben contar con la misma información que el circuito privado. Es posible poner la información debidamente protegida de identificación, sin exponer datos sensibles de personas físicas o jurídicas, este proceso se denomina ANONIMIZACIÓN y se expone como DATO ABIERTO. El mundo funciona y tiende a este criterio, no es posible crear una norma de este porte sin considerar esta apertura necesaria para poner a todas las partes en equilibrio.   Decimos incluso que es necesario meditar respecto a un tema de soberanía al poner toda la información de transacciones y antecedentes en manos privadas.  La seguridad de la información tan sensible debe darla es Estado no un circuito de entidades privadas.

  8. SE REQUIERE UNA REVISIÓN PREVIA DE LA NORMATIVA QUE RIGE LAS RELACIONES DE CONSUMO.
    Expresamos varios puntos que deben ser considerados previamente a la inclusión financiera en materia de derechos del consumidor, como ocurre en todo el mundo, este desarrollo ocurre ANTES que se introduzcan cambios en la estructura que incluye nuevos ciudadanos financieros y modifica las reglas de juego de todos los actores. No es esta norma un simple cambio de formas de pago.  Dado creemos necesario a su vez avanzar con la inclusión financiera, consideramos necesario incluir en la norma aspectos referidos al tema y que vayan abriendo el camino para un próximo  análisis y actualización de normativa en relación a la defensa del consumidor.

  9. SE BENEFICIA CON MIL QUINIENTOS MILLONES DE DOLARES ANUALES PARA INCENTIVAR EMPRESAS E INDUSTRIA Y CERO PARA APOYAR A LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRAPARTE DE TODA RELACION DE CONSUMO, los consumidores.
    Creemos que profesionalizar la actividad de organizaciones como la nuestra, generar y sostener organizaciones específicas para cada área temática y tener su visión como referencia en cada tema y mesa de trabajo es una necesidad ya imperiosa en la sociedad moderna. Ejemplos sobran en el mundo y en la Región.
    Reiteramos que esta condición es demostrablemente previa a la inclusión financiera. Preparar, educar, especializar, crear condiciones para la autoprotección de los ciudadanos no es una tarea en paralelo, es previa, la organización civil y profesional de consumidores debe considerarse urgentemente dentro del sistema.

 

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